Planes de Integridad, canales de denuncias y otras medidas

Necesidad de practicar la cultura de la integridad institucional

La integridad institucional ha venido para quedarse, y no sólo como una suerte de principios programáticos que orienten la actuación de las personas servidoras públicas sino como un conjunto de obligaciones que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico y que, por ende, hay que cumplir.

Sirvan las presentes líneas para resaltar que la puesta en práctica de los marcos de integridad legalmente exigibles requiere, como presupuesto necesario para su cumplimiento, que toda entidad local tome consciencia del cambio de paradigma que ello conlleva en las políticas públicas y su gestión cotidiana destinando así cuantos recursos (económicos, materiales y humanos) sean necesarios para su efectiva puesta en práctica.

En primer lugar, citaremos aquí la definición de integridad pública acuñada por la OCDE (Recomendación del Consejo General de la OCDE sobre Integridad Pública) (1), de aceptación generalizada, expresando que la misma es “La alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público”.

Habida cuenta que la misión de servicio público de cualquier entidad pública es perseguir los intereses generales de la ciudadanía en su concreto ámbito competencial, la implementación de un plan de integridad pública que compile los distintos marcos de integridad legalmente exigibles resulta, sin ningún género de dudas, el modo más eficiente de proteger dicha misión de servicio público.

No en vano, practicar la cultura de la integridad pública a todos los niveles de la organización (“from the top to the bottom”) permitirá que cada decisión y gestión esté alineada con el interés de la ciudadanía, y no con los intereses particulares de quien toma la decisión, la informa en el ejercicio de sus funciones o pretende influir en ella en su propio beneficio. Intereses particulares que, como veremos en el apartado correspondiente de este artículo, constituyen casi siempre un conflicto de interés que, sin los mecanismos preventivos adecuados, desembocará en una irregularidad constitutiva de fraude, corrupción o, en cualquier caso, contraria al ordenamiento jurídico.

En efecto, una administración pública o ente del sector público instrumental que en el presente contexto mire hacia otro lado y posponga el cumplimiento de las obligaciones relativas a los marcos de integridad pública estará abriendo las puertas a practicar sus políticas públicas con base en intereses privados, chocando de plano con los principios constitucionales de buena administración (objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, legalidad, entre otros). (2) Algunas de dichas prácticas subjetivas, parciales o derivadas de conflictos de intereses no detectados ni controlados desembocan, por ejemplo, en el abuso de la figura de construcción jurisprudencial y de naturaleza excepcional del enriquecimiento injusto (3) como justificación para realizar encargos de prestaciones al margen de la legalidad (sin seguir el procedimiento legalmente previsto para realizar el encargo/contrato ni lo estipulado en las leyes sobre cómo compensar los trabajos realizados), esto es, reconociendo extrajudicialmente como crédito la factura presentada por quién ejecutó el encargo ilegal para evitar su empobrecimiento y el correlativo enriquecimiento de la Administración, con frecuencia sin depurar la infracción normativa y sin controles adecuados y suficientes ni comprobación de la inversión, lo que conlleva el perjuicio que para las arcas públicas suponen dichos encargos de prestaciones sin concurrencia competitiva (sin una comparativa de precios de mercado), poniendo en tela de juicio los principios de necesidad, eficacia, eficiencia y economía que, entre otros, deben guiar el gasto público por inadecuado liderazgo y/o gestión y/o control y, en todo caso, elevados costes reputacionales para nuestras instituciones públicas.

De ahí la extraordinaria importancia de poner en marcha el proceso para activar su implementación en el seno de cada entidad pública local, pues los marcos de integridad apropiados contribuirán a minimizar los riesgos e irregularidades (tanto penales como administrativos y de otros órdenes) que, derivados de prácticas contrarias al interés general, amenacen todo tipo de fondos públicos, mediante la prevención y detección del fraude, la corrupción o los conflictos de interés, entre otros, permitiendo reaccionar con planes de mejora que minimicen los riesgos contingentes en cada organización.